En busca del estado perdido- Los cotos de poder en los tribunales locales

Las designaciones en cualquier materia o área del servicio público siempre generarán cotos de poder, es el caso de los jueces y magistrados de los tribunales locales que es a través de este procedimiento que logran llegar al cargo.

En la actualidad se precisa que para el nombramiento de jueces es resultado de extraños concursos en la que -casualmente- la mayoría de los vencedores son cercanos a los   factores de poder de cada entidad -políticos, litigantes, empresarios- todos tratan de tener ‘sus jueces’ para, posteriormente, en ‘sus’ juzgados manejar sus asuntos.

Respecto de los magistrados el tema empeora, son designados por los Congresos locales en convocatorias públicas abiertas; esto es, un poder escoge a los integrantes de otro -legislativo al judicial- rompiendo con la regla republicana de no intromisión de poderes, dando lugar a un perverso beneficio para cada fracción en la legislatura local, de suerte que habrá tanto número de magistrados como de fuerzas haya en el congreso, luego se nos dice a los litigantes: ‘ese magistrado es de los azules, de los tricolores o de los naranjas, arréglate con ellos’. Es verdaderamente penoso.

El diseño de selección es el previsto en la Constitución, pero también esta se equivoca -ahí la prisión preventiva oficiosa-, sobre todo en un sistema tan politizado donde incluso lo legal se somete a la política, no al revés.

Sin duda alguna el mejor camino para romper con los intereses en la actividad más sensible del Estado -como es el juzgar- es mediante el mérito propio, resultado de un sistema claro de puntaje para acceder a los cargos que pudiera ser creador de una auténtica carrera judicial, no el actual sistema de servilismo indigno para los aspirantes.

A guisa de ejemplo sería que, para ser juez primero se tenga que fungir como secretario por un tiempo no menor de 10 años, lo mismo para ser magistrado en el que se pediría haber sido juez por un periodo no menor de 15 años, que sus fallos en un porcentaje no menor al 60 hayan sido ratificados, en ambos casos no tener más de 10 quejas fundadas, haber emitido alguna sentencia innovadora, nunca habérsele imputado delito de corrupción, realizando sus funciones de manera puntual, ordenada, incrementándose la idoneidad a mayor número de grados -maestro, doctor- evitando a toda costa que arriben jóvenes debido a que la corta edad, generalmente, también lo es en la prudencia cualidad indispensable para juzgar a otro.

El camino sería transparente, alcanzar el cargo dependería de cada aspirante, no habría intromisión de poder a otro y se acabarían las mafias locales que operan a su antojo a los jueces y magistrados de los Estados, camorras, que han propiciado una de las mayores crisis de credibilidad en el quehacer de la judicatura. Hoy nadie cree en las sentencias del fuero común -en el sentido que sea- nacen bajo la sospecha del servilismo, la corrupción, la vileza como su fundamento, alejadas de la noble tarea que es decir el derecho fundado en la propia ley no en intereses ajenos a ésta.

El sistema que se propone pudiera extrapolarse al Poder Judicial Federal obviando los tan señalados concursos que más que certeza dejan dudas de su transparencia. Hoy tenemos a extraordinarios Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia y de Colegiados -los verdaderos autores de las grandes sentencias- que difícilmente llegarán a ser jueces o magistrados, privando a la sociedad de gigantes conocedores del Constitucionalismo mexicano -mujeres y hombres- con grandes cualidades y conductas intachables. Démosles la posibilidad de que el gran mérito de ser funcionarios en tan altos cargos les permita acceder por sus propias cualidades al cargo de juez o magistrado y quizá -porque no- al de Ministro.

Destruyamos lo que nos ha destruido a los caciques locales que se sienten -son- dueños de los tribunales locales, verdaderos mercados de justicia que le niegan razón de ser a su existencia y hacen que surja la tentación de centralizar más al Estado mexicano.

La sociedad en su conjunto demanda respeto a la ley, intolerancia a la impunidad, jueces y magistrados que sean reconocidos por la grandeza de sus sentencias, sino debemos de preguntarnos: ¿Para qué sirven los tribunales locales?