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02/10/2022 - 11:42 am

Justicia

Comparten video de la detención de Abigail, joven encontrada muerta en separos de Oaxaca 

Las autoridades señalaron que la mujer se ahorcó con su ropa interior, pero su familia acusa a los agentes municipales de haberla golpeado hasta matarla

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A través de redes sociales se viralizo un video de la detención de Abigail Hay Urrutia, quien fue hallada muerta horas después el pasado viernes. 

Abigail, de 30 años de edad, fue detenida la tarde del viernes 19 de agosto en Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, supuestamente, por agredir a su pareja a bordo de un automóvil.

“Soy la mamá de tu hijo”, dice al momento en que se aferra a quien al parecer es su pareja, mientras que una oficial trata de separarla y detenerla. 

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Finalmente logran subir a Abigail a la parte trasera de la patrulla municipal.

Las autoridades señalaron que la mujer se ahorcó con su ropa interior, pero su familia acusa a los agentes municipales de haberla golpeado hasta matarla.

En el video, se ve a la mujer resistiéndose a ser aprehendida por los oficiales.

Mientras se aferra con brazos y piernas a un sujeto, quien supuestamente sería su pareja, una mujer policía trata de separarla para detenerla.

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Internacional

Juez de EU desestima demanda de México contra fabricantes de armas

México demandó en agosto de 2021 a Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett y el vendedor y distribuidor Interstate Arms, por considerar que su comercio “negligente e ilícito” alienta el narcotráfico y la violencia en el país

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Juez de EU desestima demanda de México contra fabricantes de armas
Foto: Especial

Un tribunal de Massachusetts desestimó este viernes la demanda que interpuso México contra los principales fabricantes de armas estadounidenses, a los que acusa de “comercio negligente e ilícito” que alienta el narcotráfico y la violencia en su territorio, según documentos judiciales a los que tuvo acceso la AFP.

“Desgraciadamente para el gobierno de México, todas sus demandas están prohibidas por la ley federal o fracasan por otras razones”, justificó el juez Dennis Saylor en un largo documento, en el que señaló que ese tribunal “no tiene autoridad para ignorar una ley del Congreso”.

En su escrito, el juez señala que “aunque el Tribunal siente una considerable simpatía por el pueblo de México, y ninguna por quienes trafican con armas a las organizaciones criminales mexicanas, tiene el deber de cumplir la ley”. 

Eso lo lleva a afirmar que “se concederán las mociones de desestimación” que habían presentado los acusados.

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México demandó en agosto de 2021 a Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett y el vendedor y distribuidor Interstate Arms, por considerar que su comercio “negligente e ilícito” alienta el narcotráfico y la violencia en el país.

Según la cancillería mexicana, de 342 mil a 597 mil armas fabricadas por esas firmas llegan anualmente a su territorio de contrabando procedentes de Estados Unidos; armas que terminan siendo halladas en 70 a 90% de las escenas del crimen a nivel nacional.

El gobierno mexicano asegura haber “tenido que gastar enormes fondos” para combatir los efectos “de la conducta ilícita de los demandados”, entre “costos sustanciales e inusuales” de atención médica, servicios policiales y militares, administración de justicia penal, asistencia pública y otros servicios y programas públicos.

Por lo que decidió apelar la decisión del juez.

“La demanda civil por daños en contra de quienes lucran con la violencia que sufren las y los mexicanos pasa a una segunda etapa, en la cual la cancillería seguirá insistiendo en que la negligencia de esas empresas afecta gravemente a nuestro país”, informó la dependencia en un comunicado, luego de conocer el veredicto.

México ocupa la tercera posición de la lista de naciones con más muertes relacionadas con armas, causadas principalmente por el narcotráfico en este país de 126 millones de habitantes, azotado por una vorágine de violencia desde 2006, cuando el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzó un polémico operativo militar antidrogas.

– Compartir responsabilidades –

El quid de la demanda consistía en determinar si fuera de México los fabricantes están protegidos por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), aprobada con el objetivo de proteger a la industria armamentística de toda responsabilidad civil por el mal uso penal de sus productos.

Los fabricantes alegaban que México carece de “jurisdicción personal” para sentarlos en el banquillo.

En una contrarréplica fechada el 14 de marzo, los fabricantes sostenían que la denuncia no mencionaba “a un solo acusado que haya cometido ningún acto dañino en México”.

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Además, acusaban al gobierno mexicano de tratar de responsabilizarlos “por algo que ocurrió exclusivamente en Estados Unidos, en la teoría de que algunos de sus productos fueron introducidos de contrabando en México por criminales y utilizados en otros actos criminales” en ese país.

La demanda también alegaba que algunos fabricantes, como Colt, comercializa específicamente sus armas en formas que atraen específicamente a los cárteles criminales mexicanos.

Esta empresa vende, según el documento, “tres pistolas que destina a los compradores mexicanos: la pistola “El Jefe”, la pistola “El Grito” y la pistola “Emiliano Zapata 1911”, modelos que “son símbolo de estatus y codiciados por los cárteles de la droga”.

La demanda de México recibió el apoyo como amicus curiae (amigos de la corte) de 26 fiscales de distrito estadounidenses, además de Belice y Barbuda, y otros catorce estados federales, alegando que las armas que se trafican en México acaban en las calles de Estados Unidos junto con ingentes cantidades de drogas ilegales.

Con su demanda ante una corte del estado de Massachusetts, donde se encuentra la sede de la mayoría de fabricantes de armas, México busca poner el tráfico ilegal en el centro de la conversación bilateral y compartir responsabilidades con su vecino por la violencia ligada al narcotráfico.

XT

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Atentado en centro educativo de Kabul, Afganistán, deja al menos 35 muertos

El sábado por la mañana, unas 50 mujeres jóvenes desafiaron la prohibición impuesta por los talibanes de reunirse para expresar su ira

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Atentado en centro educativo de Kabul, Afganistán, deja al menos 35 muertos
Foto: AFP

Al menos 35 personas murieron en el atentado suicida del viernes contra un centro de formación de estudiantes en el barrio de la minoría chiita hazara, en Kabul, algunas de cuyas jóvenes se manifestaron el sábado para denunciar un “genocidio”.

“El último balance del ataque es de al menos 35 muertos y 82 heridos”, informó este sábado a la AFP la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (MANUA).

El anterior balance dado el viernes por la policía de Kabul informó de 20 muertos y 27 heridos.

Un hombre se hizo explotar el viernes por la mañana en un centro de formación que preparaba a los estudiantes para sus exámenes de ingreso a la universidad. 

Según un estudiante que se encontraba en el centro cuando se produjo la explosión, “la mayoría de las víctimas son chicas”.

“Pocos chicos fueron alcanzados porque se encontraban en la parte trasera de la clase y el kamikaze entró por la puerta de delante, donde las chicas estaban sentadas”, declaró otro alumno, Ali Irfani.

La explosión se produjo en un barrio del oeste de Kabul, una zona predominantemente musulmana chiita donde vive la minoría hazara de Afganistán. Esta comunidad ha sido históricamente oprimida y ha sido blanco de ataques brutales en los últimos años. 

– “Alto al genocidio” –

El sábado por la mañana, unas 50 mujeres jóvenes desafiaron la prohibición impuesta por los talibanes de reunirse para expresar su ira. 

Las chicas, ataviadas con pañuelos negros, marcharon a lo largo de la calle principal del barrio gritando: “¡Alto al genocidio de los hazaras!”. 

Portando pancartas en las que se leía “¡No es un crimen ser chiita!”, marcharon hacia el hospital donde fueron trasladadas varias víctimas.

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El gran número de talibanes fuertemente armados desplegados en el lugar efectuaron varios disparos al aire en un intento de dispersarlos, según oyeron reporteros de la AFP. 

El barrio de Dasht-e-Barchi se ha visto muy afectado en los últimos años y desde que los talibanes volvieron al poder en agosto de 2021. 

Varios atentados han sido reivindicados por el EI-K, la rama regional del Estado Islámico (EI), que considera a los hazaras como herejes.

Ningún grupo ha reivindicado su responsabilidad por el ataque contra el Centro de Educación Superior Kaaj.

Los talibanes también consideran a la comunidad hazara como pagana, y los grupos de derechos humanos les han acusado a menudo de atacarla.  

Desde su regreso al poder, los talibanes han prometido proteger a las minorías y combatir las amenazas a la seguridad. 

Sin embargo, la ONG Amnistía Internacional dijo que el ataque del viernes era “un recordatorio vergonzoso de la ineptitud y el fracaso absoluto de los talibanes” para proteger al pueblo afgano.  

En mayo pasado, al menos 85 personas, en su mayoría niñas, murieron y unas 300 resultaron heridas al explotar tres bombas cerca de una escuela del mismo barrio, Dasht-e-Barchi.  

Ningún grupo se atribuyó la autoría de ese atentado, pero un año antes, el EI reivindicó un atentado suicida contra un centro educativo de la misma zona, en el que murieron 24 personas. 

El grupo EI se ha convertido en un importante problema de seguridad para los talibanes, que afirman haber derrotado a los yihadistas.

XT

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Víctimas de abusos sexuales en iglesias de Francia recibirán indemnización financiera

La demanda, cuando incluye una parte financiera, se evalúa a partir de “tres escalas de gravedad” y puede llegar hasta 60 mil euros como máximo

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Víctimas de abusos sexuales en iglesias de Francia recibirán indemnización financiera
Foto: Pexels

Cuarenta y cinco personas en Francia que fueron víctimas de abusos sexuales en la iglesia cuando eran menores han recibido o recibirán próximamente una indemnización financiera, anunció el viernes la presidenta de la Instancia Nacional Independiente de Reconocimiento y Reparación (Inirr).

Hasta finales de septiembre, de las mil cuatro solicitudes de indemnización registradas en la Inirr en lo que va de año, “se adoptaron 60 decisiones, 45 de ellas en el ámbito financiero” declaró la presidenta del organismo, Marie Derain de Vaucresson, en rueda de prensa.

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La Inirr, creada por el episcopado en noviembre de 2021, indemniza a víctimas de sacerdotes o de laicos dentro de las diócesis o de los movimientos de juventud católicos.

La demanda, cuando incluye una parte financiera, se evalúa a partir de “tres escalas de gravedad” y puede llegar hasta 60 mil euros como máximo.

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“De una muestra de 38 decisiones, nueve han recibido la cantidad de 60 mil euros, 21 cantidades de entre 15 mil y 30 mil euros y ocho una cantidad inferior a 15 mil euros”, precisó Derain de Vaucresson,

XT

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