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08/12/2022 - 7:29 am

Internacional

Trump la libra otra vez; no habrá juicio político.

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Por Richard Cowan, David Morgan y Makini Brice

WASHINGTON, 13 feb (Reuters) – Donald Trump fue absuelto el sábado por el Senado de Estados Unidos en su segundo juicio político en 12 meses, ya que sus compañeros republicanos lo protegieron de responsabilidad por el asalto mortal realizado por sus partidarios al Capitolio de Estados Unidos.

La votación del Senado de 57 a 43 no alcanzó la mayoría de dos tercios necesaria para condenar a Trump por un cargo de incitación a la insurrección, después de un juicio de cinco días en el mismo edificio saqueado por sus seguidores el 6 de enero poco después de que lo escucharan dar un discurso incendiario.

En la votación, siete de los 50 republicanos del Senado se unieron a los demócratas para aprobar la condena.

Trump dejó el cargo el 20 de enero, por lo que no se pudo usar el juicio político para sacarlo del poder. Pero los demócratas esperaban condenarlo para responsabilizarlo de un asedio que dejó a cinco personas muertas, incluido un oficial de policía, y preparar el escenario para una votación que le prohibiera volver a ocupar un cargo público. 

Si tuviera la oportunidad de ocupar el cargo en el futuro, argumentaron, Trump no dudaría en alentar nuevamente la violencia política.

Los republicanos también salvaron a Trump en la votación del 5 de febrero de 2020 en su juicio político anterior, cuando solo un senador de sus filas, Mitt Romney, votó por condenarlo y destituirlo de su cargo.

Romney votó el sábado a favor del juicio político junto con sus compañeros republicanos Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Ben Sasse, Pat Toomey y Lisa Murkowski.

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, quien votó “no culpable”, ofreció comentarios mordaces sobre el expresidente después del veredicto.

“No hay duda de que el presidente Trump es práctica y moralmente responsable de provocar los eventos de ese día”, dijo. “Las personas que irrumpieron en este edificio creyeron que estaban actuando según los deseos e instrucciones de su presidente”.

La votación en el Senado se desarrolló en un contexto de grandes divisiones en un Estados Unidos cansado por la pandemia. El juicio aumentó la tensión partidista pese a que el presidente demócrata Joe Biden, quien asumió el cargo el 20 de enero después de derrotar a Trump en las urnas el 3 de noviembre, pidió unidad después de los cuatro turbulentos años en el poder de su predecesor.

Trump, de 74 años, sigue controlando a su partido con un mensaje populista de derecha y su “Estados Unidos primero”. El millonario convertido en político ha considerado postularse nuevamente para presidente en 2024.

Trump es solo el tercer presidente en ser acusado por la Cámara de Representantes, así como el primero en ser acusado dos veces y el primero en enfrentar un juicio político después de dejar el cargo. Pero el Senado sigue sin condenar a un presidente que ha sido acusado.

(Reporte de Andy Sullivan, reporte adicional de Susan Cornwell, Makini Brice y David Morgan; Editado en español por Javier López de Lérida y Rodrigo Charme)

WASHINGTON, 13 feb (Reuters) – Donald Trump fue absuelto el sábado por el Senado de Estados Unidos en su segundo juicio político en 12 meses, ya que sus compañeros republicanos lo protegieron de responsabilidad por el asalto mortal realizado por sus partidarios al Capitolio de Estados Unidos.

La votación del Senado de 57 a 43 no alcanzó la mayoría de dos tercios necesaria para condenar a Trump por un cargo de incitación a la insurrección, después de un juicio de cinco días en el mismo edificio saqueado por sus seguidores el 6 de enero poco después de que lo escucharan dar un discurso incendiario.

En la votación, siete de los 50 republicanos del Senado se unieron a los demócratas para aprobar la condena.

Trump dejó el cargo el 20 de enero, por lo que no se pudo usar el juicio político para sacarlo del poder. Pero los demócratas esperaban condenarlo para responsabilizarlo de un asedio que dejó a cinco personas muertas, incluido un oficial de policía, y preparar el escenario para una votación que le prohibiera volver a ocupar un cargo público. 

Si tuviera la oportunidad de ocupar el cargo en el futuro, argumentaron, Trump no dudaría en alentar nuevamente la violencia política.

Los republicanos también salvaron a Trump en la votación del 5 de febrero de 2020 en su juicio político anterior, cuando solo un senador de sus filas, Mitt Romney, votó por condenarlo y destituirlo de su cargo.

Romney votó el sábado a favor del juicio político junto con sus compañeros republicanos Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Ben Sasse, Pat Toomey y Lisa Murkowski.

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, quien votó “no culpable”, ofreció comentarios mordaces sobre el expresidente después del veredicto.

“No hay duda de que el presidente Trump es práctica y moralmente responsable de provocar los eventos de ese día”, dijo. “Las personas que irrumpieron en este edificio creyeron que estaban actuando según los deseos e instrucciones de su presidente”.

La votación en el Senado se desarrolló en un contexto de grandes divisiones en un Estados Unidos cansado por la pandemia. El juicio aumentó la tensión partidista pese a que el presidente demócrata Joe Biden, quien asumió el cargo el 20 de enero después de derrotar a Trump en las urnas el 3 de noviembre, pidió unidad después de los cuatro turbulentos años en el poder de su predecesor.

Trump, de 74 años, sigue controlando a su partido con un mensaje populista de derecha y su “Estados Unidos primero”. El millonario convertido en político ha considerado postularse nuevamente para presidente en 2024.

Trump es solo el tercer presidente en ser acusado por la Cámara de Representantes, así como el primero en ser acusado dos veces y el primero en enfrentar un juicio político después de dejar el cargo. Pero el Senado sigue sin condenar a un presidente que ha sido acusado.

(Reporte de Andy Sullivan, reporte adicional de Susan Cornwell, Makini Brice y David Morgan; Editado en español por Javier López de Lérida y Rodrigo Charme)

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Internacional

Dirigentes destituidos o forzados a dimitir en América Latina

El 7 de diciembre de 2022, el presidente peruano, Pedro Castillo, fue destituido y detenido después de 17 meses en el poder bajo el asedio del Congreso y la fiscalía

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Los dirigentes latinoamericanos destituidos o forzados a dimitir en los últimos años.

– Perú –

El 7 de diciembre de 2022, el presidente peruano, Pedro Castillo, fue destituido y detenido después de 17 meses en el poder bajo el asedio del Congreso y la fiscalía, que lo acuso de corrupción y tráfico de influencias.

Antes de este tercer intento de echarlo durante su mandato, Castillo trató de disolver el parlamento. Su vicepresidenta Dina Boluarte asumió el cargo, convirtiéndose en la primera mujer presidenta de Perú.

No es la primera crisis de este tipo en el país.

El 9 de noviembre de 2020, el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral” en un trasfondo de acusaciones de sobornos. El presidente del parlamento, Manuel Merino, lo sucedió pero dimitió al cabo de cinco días.

El 21 de marzo de 2018, el presidente Pedro Pablo Kuczynski dimitió en la víspera de un probable voto parlamentario para destituirlo en el marco de un escándalo de corrupción alrededor de la constructora brasileña Odebrecht.

En noviembre de 2000, el Congreso también destituyó al presidente Alberto Fujimori “por incapacidad moral permanente”.

El dirigente caído huyó a Japón pero fue extraditado años después. En 2009 fue condenado a 25 años de cárcel por haber dirigido masacres de civiles y después por corrupción. Fue liberado el 17 de marzo de 2022.

– Ecuador –

El vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado en el escándalo Odebrecht a seis años de prisión, fue destituido a principios de 2018 después de tres meses de ausencia de sus funciones debido a su encarcelamiento.

En abril de 2005, el presidente Lucio Gutiérrez también fue apartado del cargo tras haber sido acusado, en plena revuelta popular, de haber colocado a personas cercanas en el seno de la Corte Suprema de Justicia.

Uno de sus predecesores, Abdala Bucaram, acusado de malversación de fondos públicos, fue destituido en febrero de 1997, apenas seis meses después de su investidura.

 – Brasil –

La presidenta Dilma Rousseff fue destituida el 31 de agosto de 2016 por más de dos tercios de los senadores, que la consideraron culpable de maquillar las cuentas públicas en un procedimiento muy controvertido.

En septiembre de 2019, su sucesor Michel Temer, tildado de “golpista” por la izquierda, terminó definiendo ese ‘impeachment’ como un “golpe”, aunque negó haber participado en él.

Acusado de corrupción, el mismo Temer evitó en dos ocasiones, en 2017, un proceso ante la Corte Suprema gracias a la votación de los diputados.

En diciembre de 1992, Fernando Color de Mello, acusado de corrupción, dimitió al iniciarse el proceso de su destitución en el Senado y perdió sus derechos políticos durante ocho años.

 – Guatemala –

En septiembre de 2015, el presidente Otto Pérez, acusado de dirigir un sistema de corrupción en las aduanas, fue privado de su inmunidad por parte del Parlamento. Ante el riesgo de ser cesado, dimitió y después fue arrestado.

El 7 de diciembre de 2022 fue condenado a 16 años de cárcel.

 – Paraguay –

Fernando Lugo fue destituido en 2012 debido a una operación policial contra campesinos sin tierra que terminó con 17 muertos.

 – Venezuela –

El presidente Carlos Andrés Pérez, acusado de malversación y enriquecimiento ilícito, fue suspendido de sus funciones en mayo de 1993 tras un voto en el Senado. En 1996, fue condenado a 2 años y 4 meses de cárcel.

– Otras crisis –

La región también ha sido escenario de golpes de Estado como ocurrió en Honduras en junio de 2009, cuando el presidente Manuel Zelaya fue arrestado y expulsado a Costa Rica mientras preparaba un plebiscito para reformar la Constitución y ser reelegido.

También el presidente venezolano Hugo Chávez fue blanco de un golpe militar en abril de 2002 en el que fue arrestado antes de volver al poder dos días más tarde gracias a manifestaciones populares.

En octubre de 2019, el entonces presidente boliviano Evo Morales se postuló a un cuarto mandato pese a perder un referéndum para habilitarlo a una nueva reelección. En medio de una fuerte convulsión social y acusaciones de fraude, renunció y salió del país.

Jeanine Áñez, que lo sustituyó en el cargo, fue condenada en junio pasado a diez años de prisión por tomar el mando irregularmente.

osd

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Internacional

Congreso de Perú destituye al presidente Pedro Castillo por “incapacidad moral”

La vicepresidenta Dina Boluarte, que denunció un “golpe de Estado”, debe asumir la presidencia de la República a las 20:00 horas

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Foto: AFP

El Congreso de Perú destituyó este miércoles al presidente izquierdista Pedro Castillo por “incapacidad moral”, ignorando la decisión del mandatario de disolver el Parlamento y reorganizar el sistema de justicia.

La destitución de Castillo fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas, en su tercer intento por sacarlo del poder desde que asumió la presidencia hace 16 meses.

La vicepresidenta Dina Boluarte, que denunció un “golpe de Estado”, debe asumir la presidencia de la República a las 20:00 horas.

Te podría interesar: Presidente de Perú, Pedro Castillo, anuncia disolución del Congreso y declara estado de excepción

En un esfuerzo de último minuto por salvarse de la destitución, Castillo anunció la disolución del Congreso pocas horas antes de que el Parlamento se reuniera para debatir su salida.

“Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional; convocar en el más breve plazo a un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”, dijo Castillo en un mensaje a la nación leído desde el palacio de gobierno, transmitido por televisión.

“A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy (…)  desde las 22: oo horas hasta las 04:00 horas del jueves”, indicó el mandatario, de traje azul y con la banda presidencial puesta.

“Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional”, señaló.

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden exhortó a Castillo a “revertir” la disolución del Congreso.

“Estados Unidos insta enfáticamente al presidente Castillo a revertir su intento de cerrar el Congreso y permitir que las instituciones democráticas de Perú funcionen según la Constitución”, tuiteó la embajadora en Lima, Lisa Kenna. 

“Golpe de Estado”

“Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”, indicó en Twitter la vicepresidenta de Perú.

“Hoy se ha dado un golpe de Estado al mejor estilo del siglo XX. Es un golpe destinado al fracaso, el Perú quiere vivir en democracia. Este golpe de Estado no tiene ningún fundamento jurídico”, dijo a la radio RPP el presidente del Tribunal Costitucional, Francisco Morales.

La fiscal de la nación, Patricia Benavides, señaló su “rechazo de manera enfática” a “todo quebrantamiento del orden constitucional”, y exhortó al mandatario a “respetar la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia que tanto nos ha costado”.

“El presidente Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado. Ha violado el artículo 117 de la Constitución de Perú y ha pasado a la ilegalidad. Esto es un autogolpe”, dijo a la AFP el analista político Augusto Álvarez.

Decenas de manifestantes a favor y en contra del presidente se concentraban frente al Parlamento desde antes del anuncio, a la espera del debate sobre su destitución.

Ola de renuncias

Tras el anuncio varios ministros del gobierno y funcionarios de organismos internacionales anunciaron sus renuncias al cargo en las redes sociales y en declaraciones a la prensa.

El embajador de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth Mejía, anunció en Washington su dimisión debido a “la ruptura (…) del orden constitucional”.

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“A partir de hoy Castillo esta en la triste fila de los dictadores”, dijo a la misma radio el expresidente peruano Ollanta Humala ((2011-2016).

El anuncio de Castillo tiene lugar poco más de 30 años después del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992.

El Congreso de Perú, dominado por la derecha, tenía programado debatir el miércoles una moción de destitución contra Castillo por “permanente incapacidad moral”, una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos exmandatarios desde 2018.

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Presidente de Perú, Pedro Castillo, anuncia disolución del Congreso y declara estado de excepción

Pedro Castillo comunicó la decisión horas antes de que el Parlamento se reuniera para debatir su destitución

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El presidente peruano Pedro Castillo anunció este miércoles que disuelve el Congreso e instaura un gobierno de emergencia, horas antes de que el Parlamento se reuniera para debatir su destitución.

“Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional; convocar en el más breve plazo a un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”, dijo Castillo en un mensaje a la nación leído desde el palacio de gobierno, transmitido por televisión.

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“A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy (…)  desde las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del jueves”, indicó el mandatario, de traje azul y con la banda presidencial puesta.

“Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional”, señaló.

La fiscal de la nación, Patricia Benavides, señaló su “rechazo de manera enfática” a “todo quebrantamiento del orden constitucional”, y exhortó al mandatario a “respetar la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia que tanto nos ha costado”.

“El presidente Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado. Ha violado el artículo 117 de la Constitución de Perú y ha pasado a la ilegalidad. Esto es un autogolpe”, dijo a la AFP el analista político Augusto Álvarez.

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El anuncio de Castillo tiene lugar poco más de 30 años después del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992.

El Congreso de Perú, dominado por la derecha, tenía programado debatir el miércoles una moción de destitución contra Castillo por “permanente incapacidad moral”, una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos exmandatarios desde 2018.

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