Retrato Ormeta-La justicia al servicio del poder político

La justicia es un principio fundamental que rige la vida de cualquier Estado de Derecho. En efecto, si los países buscan consolidar ese mentado Estado de Derecho, entonces deben garantizar el acceso, la procuración y la impartición de justicia a cualquier persona que reside dentro de sus líneas territoriales sin distinción alguna. Así, tenemos que los Estados deben tener las suficientes herramientas para brindar un correcto acceso a la justicia, así como deben tener los recursos humanos y técnicos suficientes para investigar con el debido proceso los puntos conflictuales que claman justicia, y deben tener instituciones imparciales e independientes que juzguen los hechos con base en la ley para garantizar sentencias que permitan acercase al anhelado fin. En resumen, un país que desea llegar a la justicia debe tener y ser el primero en seguir el andamiaje jurídico del Estado de Derecho.  

Sin embargo, en caso de no seguir todas las anteriores características, entonces jamás podremos aspirar a alcanzar la justicia; lo máximo a lo que se podría llegar es a una simulación, a un engaño. Y esto último es lo que el gobierno mexicano aspira a llegar con el “caso Lozoya”, caso que tiene como principal actor a Emilio Lozoya, alto funcionario de la administración del expresidente Peña Nieto y señalado por la Fiscalía General de la República por estar vinculado a actos de corrupción que dañaron el patrimonio del Estado mexicano. Sí, el gobierno mexicano convirtió a Emilio Lozoya como su principal testigo para esclarecer los supuestos actos de corrupción de la administración del presidente Peña; esto es, convirtió a Lozoya en su principal colaborador para que delate y dé información de otros funcionarios involucrados en los delitos bajo los cuales, él mismo está señalado. 

Ahora bien, si a lo que se aspira es a que haya justicia a través del castigo de actos de corrupción del gobierno anterior, el camino que está siguiendo el caso Lozoya no es el mejor para alcanzar tal fin. Así es: las declaraciones de Lozoya no son utilizadas para fincar una carpeta de investigación y en su caso, presentarlas ante el juez para ordenar las respectivas diligencias. No, las declaraciones y supuestas pruebas de Lozoya son utilizadas en la arena política para dañar a los opositores del régimen, son presentadas a la arena pública para que sea el ciudadano quien juzgue e investigue los supuestos actos de corrupción, en lugar de que sea un juez quien los valore y juzgue. Los dichos de un supuesto corrupto son las balas que se usan en el púlpito para señalar a los incomodos del poder político en turno.

El caso Lozoya no aspira a que haya justicia; a lo que aspira es a una simulación de esta. En efecto, el Estado mexicano ha renunciado a la investigación y al esclarecimiento de los supuestos actos de corrupción porque basa casi todo su caso se base en los dichos del principal señalado por ser corrupto, por lo que parece que ha renunciado a su facultad de procurar la justicia. Más aún, ha tirado por la borda el acatamiento al debido proceso, así como ha mancillado el respeto a la presunción de inocencia de todas y todos los señalados por Emilio Lozoya, vulneración consumada con la filtración de videos y declaraciones ministeriales que debieran estar en las instancias judiciales y no en los medios de comunicación. El Estado mexicano no quiere llegar a la justicia siguiendo las reglas del Estado de Derecho.  

Por todo ello, el caso Lozoya apunta más a ser una simulación que a un caso emblemático de justicia. Así, si el camino no es rectificado, el Estado mexicano perdería una oportunidad de oro para investigar y castigar supuestos actos de corrupción. Ante ello, esperemos que haya justicia y no solo una simulación de esta para beneficio del poder político. Sin embargo, todo parece indicar que mientras su testigo estrella se pasea en lujosos restaurantes, la justicia es devorada por la siempre conocida impunidad.

Omerta: Las aguas se empiezan a agitar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y todo por lograr suceder al ministro Arturo Zaldívar en la presidencia del máximo tribunal constitucional del país.