La contratación de médicos provenientes de Cuba tiene la finalidad, por lo que he leído, de cubrir las necesidades médicas en aquellas plazas donde los médicos nacionales no quieren ir. Según lo que ha señalado el gobierno federal, actualmente existen 2,678 plazas vacantes tan solo en el Instituto Mexicano del Seguro Social a las que no están dispuestos ocupar los médicos mexicanos. Algunas razones por las cuales los médicos nacionales no aceptan esas plazas son la inseguridad, así como el deseo de no estar en lugares remotos del país. Es decir, la prestación del servicio de salud en ciertas comunidades está condicionada a la buena voluntad de algunos médicos.

En principio, debemos recordar que el derecho a la salud está contenido en nuestra Constitución y el Estado está obligado a garantizarlo. Una de las maneras en que el Estado proporciona servicios que atiendan al derecho de acceso a la salud es mediante los centros de salud públicos tales como el IMSS. Para lograr la mayor cobertura y, por ende, garantizar a la población acceso a ese derecho, el Estado tiene una amplia distribución territorial de esos servicios. En esa distribución territorial asigna un determinado número de “plazas” que habrán de ser ocupados por especialistas en salud. Tengo un amigo médico cercano especialista en ginecología que ha realizado estancias de servicios en algunas plazas del IMSS que cubren a comunidades de origen indígena, incluso me comentó que en esas plazas atendía a mujeres que no hablaban español. Lo que quiero hacer notar aquí es que los servicios de salud pública atienden a personas con escasos recursos y que necesitan de esos servicios. 

¿Qué pasa si los médicos se rehúsan a ocupar esas plazas más alejadas y marginadas, y, por consecuencia de ello, quedan desocupadas? No creo que el Estado deba quedarse de brazos cruzados y dejar sin cobertura de salud a las comunidades afectadas por las vacantes de las plazas médicas que les corresponden. Considero que el Estado está obligado a buscar la manera en que la prestación de los servicios de salud en esas comunidades se materialice, y si para ello es necesario acudir a especialistas médicos de otros países para lograrlo, pues bienvenidos sean.

Celebro la búsqueda del gobierno por buscar el cómo sí garantizar la prestación del servicio de salud en comunidades alejadas; esas comunidades que han sido abandonadas en muchos sentidos —salud, seguridad, educación, por ejemplo— por fin se verán beneficiadas con por lo menos la integración de un profesional de la salud en una institución pública de salud a la que tengan acceso. Los derechos fundamentales no deben condicionarse a la voluntad —a las ganas— de persona alguna; no puede permitirse que el acceso a la salud esté a disposición de la voluntad —o falta de ella— por parte de persona alguna, y menos por los propios especialistas en materia de salud. El deber del Estado, insisto, es garantizar que los servicios de salud se presten a la sociedad mexicana, por lo que se deben buscar las soluciones más viables y prontas para resolver cualquier obstáculo a ese deber.

La contratación de cerca de 500 médicos provenientes de Cuba para atender por lo menos 2,678 plazas vacantes del IMSS es magnífica, no le veo el problema, máxime que los mismos médicos mexicanos son los que se han negado a ocupar esas vacantes. Debemos poner las cosas en perspectiva, políticamente llama la atención que el gobierno nacional acuda a países extranjeros para cubrir necesidades de salud en México; sin embargo, también debemos tomar en consideración el por qué de ello: la falta de voluntad de que los médicos nacionales en prestar sus servicios profesionales en zonas empobrecidas y necesitadas de atención a la salud.

Si bien me parece bastante loable que el Estado mexicano busque superar los obstáculos que actualmente están impidiendo el que se presten servicios de salud en ciertas comunidades, creo que debemos atender los detonantes de esas plazas vacantes: la inseguridad, por ejemplo. El que existan médicos que se rehúsen a tomar una plaza de salud por considerar que se encuentra en una comunidad insegura es algo alarmante. No hay nada nuevo debajo del sol, nos queda claro que la creciente inseguridad en México nos priva a la sociedad de múltiples derechos, al grado, incluso, de dificultar la prestación de servicios públicos de salud. El tema aquí es ¿qué se está haciendo para atender ese problema? Si no se atiende ese problema —lo cual parece ser el caso con el actual gobierno—, ¿qué otros derechos estarán en riesgo de verse condicionados?