¡Fuera cadenas!-Las consultas populares

El derecho a la consulta ciudadana es importante en una democracia, y más en una democracia representativa. Ya les platiqué la semana pasada que un tipo de democracia, la representativa, conlleva la necesidad de que nosotros los ciudadanos elijamos a nuestros representantes que acudirán a la asamblea donde se toman las decisiones políticas. En nuestro caso, esa asamblea es el Congreso de la Unión.

Como es de imaginarse, la representación que nosotros otorgamos a esas personas que acuden al Congreso a veces se pierde. Esto es, quizás nuestros representantes “olvidan” o dejan de atender a nuestros intereses como ciudadanos. Esa distorsión entre la realidad que tienen nuestros representantes contra la de nosotros podría significar la pérdida de legitimación de ellos. ¿Quién confía en el mensajero que cambia el sentido del mensaje del emisor?

Ante este problema que se enfrentan todas las democracias representativas del mundo, los gobiernos han tratado de fortalecer el desarrollo democrático del país mediante mecanismos de participación ciudadana. Sean referéndum, plebiscito o consultas populares, estas herramientas se han ido regulando en las diversas legislaciones de los países para que los ciudadanos tengamos la posibilidad de acudir directamente a opinar sobre algún tema público que nos interese. 

En México, la regulación de nuestra consulta popular se encuentra en la Constitución. Se previó a la consulta como un procedimiento de participación ciudadana que, a mi juicio, resulta ineficaz para lograr precisamente eso: que se consulte a la ciudadanía. La regulación de la consulta en México es tan poco eficaz, que la única consulta que legalmente ha sido convocada y celebrada fue impulsada desde el poder (el presidente), no así desde la ciudadanía. Incluso, en México no ha habido un solo intento de consulta popular que haya tenido como origen una exigencia social real. Desde el 2012, año en que se incluyó en la Constitución la consulta, al día de hoy, ha habido cinco solicitudes de consulta y todas han sido “abanderadas” por los mismos actores políticos que ya están en el poder.

Al platicar con un buen amigo sobre este tema, él de inmediato dijo: ¿por qué, que no se supone que ellos mismos ya ocupan el poder para poder hacer los cambios que sometieron a consulta? Y pues, precisamente tiene razón. Yo creo que las consultas populares en México están diseñadas para que no funcionen como un derecho de la ciudadanía, sino como un escaparate para los mismos actores políticos. Al día de hoy, las consultas han sido herramientas al servicio de los propios entes políticos para fijar una agenda pública, ya que ellos han propuesto cosas que son políticamente redituables tales como: el aumento del salario mínimo, la eliminación de representantes plurinominales, la revocación de la reforma energética o la consulta para “juzgar a los expresidentes”. Sin embargo, ni una de esas consultas ha tenido un origen socialmente legítimo.

En el marco de la reforma que se pretende realizar en materia de la “militarización” de la seguridad pública, vimos que la semana pasada la reforma para ampliar el plazo del mando militar de la guardia nacional no parecía reunir los votos necesarios para ser aprobada en el Senado de la República. Ante ello, el presidente López Obrador tuvo la idea que se consultara a la ciudadanía sobre este aspecto en particular. Hasta aquí, todo bien, pues este es un tema cuya trascendencia podría ameritar una consulta para que nosotros como ciudadanos nos pronunciemos al respecto. 

Sin embargo, resulta que lo interesante aquí es que esta consulta que propone el presidente no es de las previstas en la Constitución, sino una consulta improvisada que habrá de organizar la Secretaría de Gobernación; dicho sea de paso, el titular de esta Secretaría ha manifestado su apoyo por la ampliación de ese plazo para la “militarización” del mando de la guardia nacional. Lo irregular de esto es que, más que una consulta democrática, parece una pantomima para hacer aparentar que la sociedad apoya la decisión que ya fue tomada por quienes ostentan el poder. Es bien sabido que la intención de quienes ocupan el poder actualmente es la de ampliar el mando militar de la guardia nacional —esa es una decisión ya tomada—, este intento de consulta que no tiene garantía alguna que será imparcial, únicamente tendrá por resultado que se le de apariencia de legítima a una decisión ya tomada. 

Las consultas deben tener un auténtico origen social, no deben ser empleadas para legitimar decisiones ya tomadas por los actores políticos. Además, el derecho a la consulta no debería estar tan restringido para la ciudadanía, sino que éste debe ser de mucho más fácil acceso. La regulación actual de la consulta popular permite que se emplee para situaciones similares a lo que acaba de anunciar el presidente: legitimar decisiones ya tomadas desde el poder.