¡Fuera cadenas!-El premio

Ha sido una semana sumamente movida para la Secretaría de la Defensa Nacional, desde el 18 de noviembre en que salió a la luz el tema de contratos adjudicados directamente a favor de particulares en las obras del aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, hasta el pasado lunes cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se instruye a las dependencias de la administración centralizada que otorguen en la “vía rápida” (en un plazo de 5 días) las autorizaciones necesarias a las obras relacionadas con los proyectos de infraestructura. Incluso, llega al extremo de señalar que toda autorización que no se otorgue dentro de ese plazo se entenderá como autorizada.

Veamos los detalles que rodean ese afamado acuerdo. Primero, no olvidemos la afinidad del presidente López Obrador por los militares. A lo largo de este gobierno se le han asignado más tareas de seguridad, así como un marco jurídico para la actuación de las fuerzas armadas en esas tardeas. Luego, se le han asignado la administración de las grandes obras de infraestructura de este gobierno. Igualmente, en múltiples ocasiones se ha dicho por parte del presidente su deseo por que sean los militares quienes asuman diversas funciones, desde el plan nacional de vacunación y, recientemente, el abasto de medicamentos. Todo esto lo ha hecho bajo el lema de que las fuerzas armadas son incorruptibles; el presidente ha encontrado en las fuerzas armadas su lugar seguro.

La semana pasada, el 18 de noviembre, se dio a conocer un reportaje que daba cuenta de la asignación por parte de la SEDENA de 966 contratos para la construcción del aeropuerto en Santa Lucía; de ellos, cerca del 70% se adjudicaron directamente y el resto fue por invitación a tan solo tres empresas. Es decir, no se ha facilitado la competencia para fomentar mejores precios y servicios por parte de los contratistas.

Además, según da cuenta el reportaje, las empresas que más contratos han recibido no cuentan con domicilios en los que se les pueda ubicar e, incluso, algunas personas físicas que se han beneficiado por los contratos cuentan con tlapalerías que suministran los insumos que el aeropuerto internacional necesitará. Esto último no suena congruente entre la magnitud de la obra y el tamaño del proveedor. Evidentemente esto no es prueba directa de actos de corrupción, pero sí levanta sospechas en cuanto a la integridad en los procesos administrativos de adjudicación de la obra.

Dos días después, ya en pleno festejo de la revolución, el titular de la SEDENA, el general Sandoval González, llamó a que “como mexicanos” estemos unidos al proyecto de nación del actual gobierno. Incluso, igualó al actual proyecto gubernamental a las diversas “transformaciones” que ha tenido nuestro país en la historia. Las fuerzas armadas están sumadas a un proyecto político, por lo que se corre el riesgo que el día de mañana algún proyecto distinto a ese sea visto como una afrenta a la nación —lo cual definitivamente no es deseable—.

Después de sucedido eso, el lunes 22 el presidente publicó el acuerdo del que hice referencia al inicio de esta columna. Ese acuerdo, además de facilitar los prácticamente ya inexistentes procesos administrativos para las autorizaciones de las obras de infraestructura, considera a esas obras como cuestiones de “seguridad nacional”. Alguna de las implicaciones jurídicas de ello es que, por un lado, se pretenda escapar del control judicial los actos jurídicos relacionados con las obras del gobierno y, por otro, se procure mantener en la opacidad las acciones relacionadas con esas obras. Si tomamos en consideración que son las fuerzas armadas las encargadas de todas esas obras, entonces podremos ver que son ellas las grandes ganadoras de ese acuerdo presidencial. 

En detrimento del Estado constitucional de derecho, el presidente premia a las fuerzas armadas su lealtad al proyecto de gobierno. Además, les agradece por “aligerarle” la carga como presidente. Por lo pronto, dada la naturaleza jurídica del acuerdo del presidente, es difícil prever qué medio de control jurisdiccional será el más idóneo para combatir su franca irregularidad constitucional.