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07/12/2022 - 1:58 am

Internacional

Exfuncionarios de Trump retienen documentos oficiales, reportan

Algunos funcionarios utilizaron cuentas privadas de mensajería electrónica para hacer trámites oficiales

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Foto: @JamesNavaCom/Twitter

Varios exfuhncionarios que trabajaron en la Casa Blanca durante el mandato de Donald Trump aún deben entregar registros presidenciales que son propiedad del gobierno, informaron los Archivos Nacionales de Estados Unidos al Congreso.

“Aunque no hay una manera fácil de establecer una responsabilidad absoluta, sabemos que no tenemos todo lo que deberíamos”, dijo la responsable del organimso, Debra Steidel Wall, en una carta a la representante demócrata Carolyn Maloney, que dirige un comité de supervisión de la Cámara de Representantes.

Los nombres de los funcionarios omisos no figuran en esa carta datada el viernes y divulgada la noche del sábado, pero se indica que algunos funcionarios utilizaron cuentas privadas de mensajería electrónica para hacer trámites oficiales y no entregaron esos mensajes como exige la ley.

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Wall dijo que los Archivos Nacionales, cuya misión es guardar los registros gubernamentales, consultarán al Departamento de Justicia para emprender eventuales acciones que permitan recuperar “documentos ilegalmente quitados”.

Tras reiterados esfuerzos del gobierno federal de obtener documentos eliminados por Trump, el FBI allanó su residencia de Mar-a-Lago en el estado de Florida. En esa redada se requisaron más de 10 mil documentos, muchos clasificados como secretos.

Trump alegó que esos documentos son privados o están protegidos por privilegios presidenciales y recurrió a la justicia para recuperarlos.

CAL

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Internacional

Empresa familiar de Donald Trump es condenada por fraude fiscal en Nueva York 

Tras un mes de audiencias, el jurado declaró a la Trump Corporation y a la Trump Payroll Corporation “culpables de todos los cargos”

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Foto: @911covfefe @juanpadeleo /Twitter

La empresa familiar de Donald Trump, Trump Organization, fue declarada este martes culpable de fraude y evasión fiscal por un jurado de Nueva York en un duro golpe para el expresidente, que aspira a volver a la Casa Blanca.

Tras un mes de audiencias, el jurado declaró a la Trump Corporation y a la Trump Payroll Corporation “culpables de todos los cargos”, dijo el fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg, en su cuenta de Twitter.

“Se trata de un caso de codicia y engaño. En Manhattan, ninguna empresa está por encima de la ley”, dijo Bragg en un comunicado, en el que señaló que esta es la primera vez que una empresa propiedad de Trump ha sido condenada penalmente. 

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Aunque la sentencia definitiva no se conocerá hasta el 13 de enero de 2023, la empresa se enfrenta a una multa de hasta unos 1.5 millones de dólares, lo que no repercutirá demasiado en las finanzas del multimillonario.

Sin embargo, la condena puede suponer un duro golpe a su reputación en su intento de volver a la Casa Blanca en 2024.

El jurado reconoció que la Trump Organization –que actualmente dirigen dos de sus hijos, Donald Jr y Eric Trump– retribuyó económicamente en negro a los altos ejecutivos entre 2005 y 2021.

“No estamos de acuerdo con el veredicto del jurado”, dijo a la AFP Susan Necheles, abogada del equipo de los Trump, que anunció que recurrirán el fallo.

“Trama delictiva  

El exdirector financiero de la empresa y cercano a Donald Trump, Allen Weisselberg, se había declarado culpable el pasado 18 de agosto de 15 cargos por defraudar y evadir impuestos por 1.76 millones de dólares en ingresos no declarados entre 2005 y 2021, y vinculó directamente a la Organización Trump con “una amplia gama de actividades delictivas”.

Weisselberg, de 75 años, que trabajó para los Trump desde 1973, fue uno de los testigos clave del juicio. En el mismo admitió el esquema creado por la compañía para recibir beneficios no declarados como el usufructo de un lujoso apartamento en un elegante barrio residencial en Manhattan, autos de lujo para él y su esposa, el pago de matrículas en un colegio privado para sus nietos, el pago de muebles o dinero en metálico para vacaciones.

Según el acuerdo alcanzado con la fiscalía, Weisselberg aceptó pagar casi dos millones de dólares en multas y cumplir una condena de cinco meses de cárcel (frente a los 15 años que se enfrentaba sin acuerdo) a cambio de su declaración en el juicio, que se inició el pasado 24 de octubre.

“Durante 13 años, la Trump Corporation y la Trump Payroll Corporation mantuvieron un esquema que premiaba a altos ejecutivos con lujosas prebendas e indemnizaciones mientras ocultaban intencionadamente los beneficios a las autoridades fiscales para evitar el pago de impuestos”, dijo Bragg.

El veredicto de hoy “responsabiliza a estas empresas de Trump de su larga trama delictiva, además de al director financiero Allen Weisselberg, que se ha declarado culpable, ha testificado en el juicio y ahora será condenado a cumplir penas de cárcel”, aseguró el fiscal en un comunicado.

“Caza de brujas”

En un comunicado, Trump calificó el fallo de la “mayor caza de brujas política de la historia del país”, y alegó que el caso afecta únicamente a Allen Weisselberg y no a la empresa. La familia Trump, asegura, no “sabía nada”.

Personalmente, Donald Trump, de 76 años, no está acusado en este caso, pero es objeto, junto a tres de sus hijos mayores, de otra investigación civil emprendida por la fiscal de Nueva York, la demócrata Leticia James, que los acusa de mentir al fisco, a prestamistas y aseguradoras en un esquema que alteró el valor de sus propiedades para enriquecerse.

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Este juicio es uno más de las muchas demandas penales y civiles que enfrenta Trump, quien ha sido citado a declarar por la comisión del Congreso que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

En otro caso, enfrenta acusaciones del Departamento de Justicia por posible obstrucción a la justicia y ocultación de documentos confidenciales sustraídos de la Casa Blanca.

Asimismo, el expresidente se sentará en el banquillo en abril en Nueva York acusado de difamación por una periodista que le acusa de haberla violado en los años 1990.

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Estas son las sanciones en Indonesia tras ley que prohíbe sexo extramarital

Grupos de defensa de derechos protestaron contra las enmiendas que, según ellos, suponen un golpe a las libertades civiles

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El Parlamento de Indonesia aprobó el martes enmiendas legales que prohíben el sexo extramarital en un paquete de cambios del código penal que, según sus críticos, son un retroceso en las libertades en el país asiático.

Grupos de defensa de derechos protestaron contra las enmiendas que, según ellos, suponen un golpe a las libertades civiles y un giro hacia el fundamentalismo en la nación de mayoría musulmana más poblada del mundo.

“Hemos intentado hacer lo mejor para acomodar las importantes cuestiones y las diferentes opiniones que fueron debatidas”, dijo a los diputados Yasonna Laoly, ministra de Justicia y Derechos Humanos.

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“Sin embargo, es el momento de tomar una decisión histórica en las enmiendas del código penal y dejar atrás el código criminal colonial que heredamos”, añadió.

Hace décadas que este país del Sureste Asiático debatía una reforma de su código penal, que se remontaba a sus tiempos como colonia neerlandesa.

Un año de cárcel

Algunos de los artículos más controvertidos de la nueva legislación criminalizan el sexo pre y extramatrimonial, así como la convivencia de parejas no casadas.

Existe miedo por cómo puede impactar estas nuevas reglas en la comunidad LGTBQ en Indonesia, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo no está permitido.

El artículo también ha sido criticado por organizaciones de empresarios, que temen que afecte al turismo. Las autoridades insisten en que los extranjeros que viajan a Balí no estarán sometidos a esa norma. 

Según el texto visto por la AFP, el sexo extramarital se castigará con un año de cárcel. Las parejas no casadas que viven juntas se enfrentarán por su parte a seis meses de prisión.

El portavoz del equipo encargado de esta ley en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Albert Aries, defendió las enmiendas y aseguró que estas nuevas reglas protegerían la institución del matrimonio.

Alcance limitado

También señaló que los actos de sexo pre y extramarital solo podían ser denunciados por el cónyugue, los padres o los hijos, lo que limita el alcance de la revisión.

Para los grupos de derechos humanos, esta legislación supone un control de la moralidad y un giro hacia el fundamentalismo en un país largamente alabado por su tolerancia religiosa, cuya Constitución defiende el laicismo. 

“Vamos hacia atrás (…) Las leyes represivas deberían haber sido abolidas, pero esta ley demuestra que los argumentos de los académicos en el extranjero son ciertos, que nuestra democracia está indiscutiblemente en declive”, dijo a la AFP el director para Indonesia de Amnistía Internacional, Usman Hamid.

Por su parte Estados Unidos expresó su preocupación por “cómo estos cambios podrían afectar el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Indonesia”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. 

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Difundir ideologías contrarias a la oficial será también castigado en Indonesia con hasta cuatro años de cárcel. 

En otra reforma aprobada el martes, la pena de muerte, que suele imponerse en Indonesia por delitos relacionados con las drogas, se combinará con un período probatorio de diez años, tras el cual podrá conmutarse por cadena perpetua si el condenado muestra un comportamiento ejemplar.

Un centenar de personas protestaron el lunes contra la ley y desplegaron una pancarta amarilla con el lema: “Rechacen la aprobación de la revisión del código penal”.

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EU acusa a doce personas de monopolizar paso de bienes a México para Centroamérica

Las agencias de transporte transmigrante son empresas que brindan servicios a clientes, a quienes incluso ayudan con el papeleo de aduana para exportar

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Doce personas fueron acusadas de usar la violencia para fijar precios y repartirse el mercado de los bienes que pasan a través de México para ser revendidos en Centroamérica, informó este martes el Departamento de Justicia estadounidense.

Las agencias de transporte transmigrante son empresas que brindan servicios a clientes, a quienes incluso ayudan con el papeleo de aduana para exportar vehículos usados y otros bienes a México cuyo destino final es América Central.

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Según el acta inculpatoria, los acusados, que operaban en la región fronteriza de Los Indios, Texas, se pusieron de acuerdo para fijar precios y asignar el mercado de estos servicios, además de crear una entidad para recaudar y dividir los ingresos entre ellos, según un comunicado del Departamento de Justicia.

Los propietarios de agencias transmigrantes y sus colaboradores que se negaron a cobrar los precios fijos, a pagar al fondo común o a abonar un impuesto de extorsión sufrieron amenazas, intimidación y actos violentos, al igual que sus familias, empleados, socios y empresas, según los cargos. 

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Algunos de ellos también han sido acusados de lavado de dinero.

Se les acusa “de monopolizar una industria a través de una violencia horrible y amenazas de violencia”, afirmó el vicefiscal general Jonathan Kanter de la división antimonopolio del Departamento de Justicia. 

“Esta organización criminal cometió actos atroces de violencia contra aquellos que no participaron en sus actividades ilícitas”, afirmó por su parte el vicefiscal general Kenneth A. Polite, Jr. de la división de lo penal del Departamento de Justicia. 

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